CONTEXTO
La reciente historia de El Salvador está marcada por el fin de una guerra civil que ha dejado numerosas secuelas en la población. La firma de los Acuerdos de Paz, a principios de 1992, no estuvieron coronados completamente por el éxito, la mayoría de los problemas que originaron la guerra aún están presente: pobreza y exclusión social, se agrega la degradación del medio ambiente y la desintegración familiar a causa del desplazamiento forzado de la población del campo a la ciudad y otros países, principalmente hacia Estados Unidos.
En el plano económico, el gobierno promociona la industria de la maquila de la confección, en detrimento de la agricultura, lo que provoca un atraso constante en la seguridad alimentaria y que ofrece salarios muy bajos, ninguna seguridad de empleo. En su mayoría son las mujeres quienes ocupan estos empleos de miseria.
De manera general, la realidad Salvadoreña se caracteriza por una situación de virtual estancamiento de la economía, débil crecimiento y el gobierno de turno, de tendencia de derecha, ha continuado promoviendo las políticas neoliberales: apertura de mercados, reducción de la administración pública, aumento de los impuestos al consumo, pero sobre todo la privatización de empresas y servicios públicos. Estas medidas económicas han concentrados aun más las riquezas en pocas manos y han aumentado la pobreza y una gran exclusión social de las mayorías.
La violencia persiste de manera endémica. Los autores de los crímenes cometidos, por lo general quedan impunes.
El movimiento popular salió desorientado y fragmentado de la guerra, sin embargo, poco apoco va tomando fuerza. Las organizaciones debemos aprender cómo participar en una sociedad democrática, cómo coordinar estrategias de manera autónoma, cómo influir en las políticas públicas. En particular, las mujeres han salido del mutismo del tiempo de la guerra y muestran un dinamismo para conocer sus derechos de ciudadanas, pero los jóvenes son perseguidos y reprimidos por el gobierno por pertenecer a una pandilla, o por el simple hecho de parecerlo, sin ofrecer alternativas de rehabilitación y oportunidades de superación.
En décadas anteriores a los noventa la agricultura y la industria eran las actividades más importantes, en la actualidad las actividades de servicio, comercio y financiera se han convertido en los ejes fundamentales del relativo crecimiento económico.
El crecimiento del PIB salvadoreño es el más bajo de todo Centroamérica y es menor al promedio de todos los países de América Latina y el Caribe, que fue de 4.3%. (CEPAL. 2005). Para el 2005, la economía salvadoreña creció según el Banco Central de Reserva de El Salvador en un 2.8%, dato que fue desestimado en un primer momento por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) que considero que el PIB solamente habría crecido en 2.0%. Por otra parte la CEPAL en su Balance Preliminar de la Economía de América Latina y El Caribe 2005, señalaba que la economía salvadoreña creció en un 2.5%.
Para el 2005 el ingreso de remesas familiares fue de $2,830 millones de dólares, equivalente a un 17% del producto interno bruto (PIB)/ (Fuente BCR) esperándose un aumento de $ 170.0 millones para el 2006. La maquila con una participación del 11% del PIB; siendo la fuente más importante. Por otra parte, la agricultura no parece haberse recuperado de su grave decrecimiento de los últimos años. Considerando los datos de la CEPAL, el sector agropecuario habría crecido en 4.3% este último año. Pero del año 2000 al 2005 el crecimiento promedio anual fue de 0.3%, lo cual significa que no hemos revertido la tendencia de abandono, deterioro y crisis de la agricultura. El PIB agropecuario del año 2005 no habría superado aun los promedios del PIB agropecuario de los años noventa.
La deuda total del país representa cerca del 49% del PIB, la cual pone al país en una situación de riesgo financiero. De igual forma el proceso de endeudamiento externo del país sigue creciendo habiendo alcanzado en el 2005 a 4,922 millones de dólares, mayor al del 2004 que fue de 4,778 millones de dólares.
Por lo tanto podemos afirmar que la economía salvadoreña sigue transitando por una situación de estancamiento y de una gran fragilidad macro financiera, que puede llevarla a una crisis sin precedentes. Esta situación es el resultado de la aplicación de reformas económicas (privatización, desregulación, apertura externa indiscriminada y debilitamiento de las capacidades del Estado).
En el aspecto social según el Informe de Desarrollo Humano del 2005 (PNUD), El Salvador se ubicaba en el puesto 104 del Índice de Desarrollo Humano a nivel mundial. Habiendo desmejorado su posición con respecto al año anterior. Adicionalmente se informa que el 31.1% de la población sobrevive bajo el umbral de pobreza con ingresos de 1 dólar diario, mientras un 58% de la población vive con 2 dólares diarios. El umbral de pobreza nacional es de 48.3%. No hay duda que poco se ha hecho durante estos años para resolver la grave dimensión de la pobreza.
El subempleo es superior al 30%, este se ha convertido en el mecanismo que encubre la dimensión real del desempleo, que conjuntamente al crecimiento del sector informal alcanza a más del 55% de la población ocupada urbana, evidenciando la precariedad de las condiciones de empleo para miles de salvadoreñas y salvadoreños. En el ámbito rural es más grave el desempleo y subempleo, que sumado a salarios de sobre vivencia hacen que más del 55% de las familias rurales se encuentren en situación de pobreza.
Ante esta situación de desempleo y falta de oportunidades, el proceso migratorio al exterior se sigue intensificando, se calcula que cerca de 700 personas salen del país todos los días en busca de nuevas oportunidades hacia otros países, especialmente hacia los Estados Unidos, pero también fueron deportados cerca de 42 mil personas. Las remesas siguen siendo el mecanismo que posibilita mantener la dolarización, la frágil estabilidad macroeconómica y paliar el problema de la pobreza de una importante cantidad de familias del país.
También es de mencionar que del año 2005 el incremento de precios fue de 4.6% según datos de CEPAL y la capacidad de compra de la población disminuyo en 4.4%. Los salarios se mantuvieron congelados, mientras la población veía como día a día su calidad de vida desmejoraba. Los niveles de desempleo urbano aumentaron de 6.5% el 2004 a 7.2% el 2005. La Asociación salvadoreña de la Industria (ASI) informó en septiembre del 2005, que la industria sufría serios problemas, era previsible un estancamiento y que había perdido 5,000 empleos. Durante el año continuaron cerrando empresas maquileras provocando la pérdida de una gran cantidad, especialmente de las mujeres, estimándose la perdida de alrededor de 14,000 empleos en lo que va del año.
En el marco social podemos señalar, que las acciones del gobierno son limitadas y por lo tanto no resuelven estructuralmente la pobreza y el déficit en educación y salud, así como en la cobertura y acceso a los servicios básicos a la población. Las políticas neoliberales lejos de resolver los problemas del país; siguen provocando tendencias al estancamiento económico, mayor desempleo, subempleo e informalidad, deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población, violaciones a los derechos laborales, abandono de la agricultura, concentración de la riqueza, mayor desigualdad, pobreza y exclusión social.
Los niveles de criminalidad y delincuencia han ubicado a El Salvador entre los países con mayores niveles de violencia en América Latina en donde ha quedado demostrado que no existe en el gobierno una verdadera política que posibilite el combate y generar las condiciones de seguridad a la ciudadanía.
Por una parte no esperamos un crecimiento sostenible de la economía, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio Centro América Estados Unidos (TLC o CAFTA por su siglas en inglés) empezará a impactar seriamente a distintos sectores (agricultura, industria, pequeños y medianos productores, y particularmente los vendedores del sector informal (65,000 familias), entre otros) generado un mayor deterioro del aparato productivo. La situación social no se resolverá estructural y profundamente, evidenciando los límites de las políticas aplicadas.
El gobierno pretende impulsar una serie de medidas orientas a modificar la estructura de tenencia de la tierra especialmente de las cooperativas y los pequeños productores. La Ley de Arrendamiento de Tierras, las medidas de recuperación de parcelas y la eliminación del Artículo 105 de la Constitución que limita la propiedad de la tierra en 245 hectáreas son algunas de estas. Todo esto en función de garantizar a los grandes inversionistas extranjeros y nacionales el acceso a tierras de buena calidad y su reconcentración, bajo los acuerdos establecidos en el CAFTA.
En general podemos decir que la situación no es favorable a un proceso de crecimiento sostenible y de estabilidad social y económica. Por lo que ante esta situación se generara un proceso de organización y respuesta popular más constante y contundente. Por lo que las organizaciones sociales deberán prepararse. El gobierno seguirá maquillando la realidad mientras la mayoría de la población continuará enfrentando la precarización de su calidad de vida.
Y ante esto CRIPDES, plantea organizarse de diferentes formas y articularse a las luchas del movimiento popular para evitar que el actual gobierno siga afectando negativamente la vida de todas y todos. Exigir el respeto a los derechos humanos, derechos laborales y la implementación de los convenios de la OIT sobre libertad sindical, Organizarnos para enfrentar creativamente la aplicación del Tratado de Libre Comercio Centroamérica -Estados Unidos (CAFTA), Luchar por la defensa de las tierras de las cooperativas y de los pequeños productores, exigir nuestros derechos: al trabajo, a un salario digno, el acceso a los servicios básicos, así como luchar por la preservación de los recursos naturales y mantener la biodiversidad sin que estos sean explotados con fines lucrativos, dejando en peores condiciones a la población de la zonas como lo quieren hacer con los proyectos mineros.
Octubre de 2006
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