Miembros del Congreso EEUU expresan preocupación sobre cargos de terrorismo aplicados a capturados en Suchitoto
Varias cartas enviadas al Presidente Saca antes posible juicio contra 13 de Suchitoto
Washington DC - Miembros del Congreso de los EEUU entregaron esta semana cartas dirigidas al Presidente de El Salvador expresando su preocupación por el estado de los derechos humanos y derechos civiles en el país. Las cartas son una respuesta a los cargos de terrorismo que están siendo aplicados a 13 personas arrestadas durante una protesta contra la privatización del agua en el municipio de Suchitoto el 2 de julio 2007. Estos cargos fueron creados en el 2006 bajo la “Ley Especial contra Actos de Terrorismo”, la cual fue apoyada fuertemente por la embajada estadounidense en San Salvador. Este viernes 8 de febrero, el gobierno salvadoreño esta supuesto a presentar evidencia sobre el caso a un tribunal especializado en terrorismo, establecido por la misma ley del 2006.
Las cartas fueron enviadas por representantes del Congreso, entre ellos Michael Capuano de Massachusetts, Chaka Fattah de Pensilvania, Jim McGovern de Massachusetts, y Michael Michaud de Maine. Varias de las cartas enviadas esta semana hacen referencia a una carta similar firmada por 40 miembros del Congreso en respuesta al caso de Suchitoto en Agosto del 2007.
En una carta enviada el 5 de febrero al Presidente Antonio Saca, el congresista Michael Michaud declara su “preocupación sobre la situación de derechos humanos en El Salvador con respecto al caso de las personas detenidas en Suchitoto y acusados de actos de terrorismo”. Refiriéndose al caso legal contra los ’13 de Suchitoto’ programado a realizarse esta semana, el congresista Michaud expreso su “esperanza que las acciones del gobierno de El Salvador reflejen los valores de libertad de expresión política, libertades civiles y el estado de derecho”.
Varias organizaciones de derechos humanos, en El Salvador como a nivel internacional, denunciaron el accionar del gobierno salvadoreño contra los prisioneros políticos y los cargos de terrorismo. El 13 de julio 2007, Amnistía Internacional declaro que “teme que los involucrados fueron detenidos para castigarlos por su participación en actos legítimos de protesta y para prevenir que sucedan actos similares en el futuro”. El informe a la vez declara que “cualquier cargo que limita el ejercicio legal de derechos fundamentales debe ser retirado y cualquier persona bajo juicio por esos cargos debería ser liberada”.
Organizaciones solidarias estadounidenses también han exigido los cargos de terrorismo sean retirados. Una semana de acción fue realizada a través de los EEUU en enero para atraer atención al caso en enero. La semana de acción fue auspiciada por el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), EEUU-El Salvador Ciudades Hermanas y la Fundación SHARE. Según el Director Ejecutivo del CISPES, Burke Stansbury, “como organizaciones que trabajamos en solidaridad con el movimiento social salvadoreño, tenemos la responsabilidad de luchar contra la represión en El Salvador, especialmente cuando la represión es apoyada e impulsada por los Estados Unidos”.